Raimundo Labarca: suspensión es consecuencia de dictamen de Contraloría

Satisfecho se muestra por estos días el abogado a cargo de la defensa de Julio Ponce en el caso Cascada, Raimundo Labarca. Y es que, a su juicio, la suspensión del proceso administrativo por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), es prueba de que el reciente dictamente de la contraloría les dio la razón.

“Solicitamos a la Superintendencia suspender el proceso, nos encontramos con una negativa de la SVS y por eso recurrimos a la Contraloría, órgano que terminó por darnos la razón y ordenó al superintendente aplicar la Lay 19.8890 que es la que rige en este tipo de procedimiento”, explica el abogado.

A su parecer, “lo que hace el dictamen es rayar la cancha del procedimiento. La resolución parte invocando la Ley 19.880, que es la misma que se le ordenó aplicar en su dictamen, y esa es la consecuencia de la suspensión de este proceso.Esta es una resolución que implica que se impusieron nuestros argumentos”, enfatiza.




Efecto en la defensa


En tanto, la suspensión del proceso trandría consecuencias favorables para efectos de la defensa de los implicados.

Labarca explica la suspención “significa que vamos a poder contar con las defensas de los demás formulados de cargos. Está bien que se puedan defender y es bueno para nosotros conocer su defensa, con el principio de igualdad ante la ley, todos partimos de la misma base en el procedimiento que es sobre los mismos hechos”.

Y es que, hasta ahora, apunta, “estábamos a oscuras porque se nos habían formulado cargos en base a esta teoría del esquema, donde se nos acusaba habernos concertado con ciertas personas y esos mismo no habían sido formulados, por lo tanto, no sabíamos cuáles eran los hechos en virtud de los cuales se nos formulaban cargos. Si a uno lo acusan de concertarse con otro y a ese otro no lo habían formulado, eso no hacía ningún sentido”.

Pero, junto con ello, la suspensión momentánea del proceso también implicará que el actual titular del organismo regulador, Fernando Coloma, no sea el encargado de fallar en la causa.

Ello, justamente, era una de los objetivos que la defensa de Ponce perseguía.

Al respecto, Labarca responde que “siempre perseguimos que los cargos que se le formularon a mi clientes fueron resueltos por una persona imparcial. Todos saben que para nosotros el actual superintendente no es una persona imparcial, y, por lo tanto, cualquier otra persona que tenga ese carácter, para nosotros va a resultar razonable”.

El pasado viernes, la Contraloría se pronunció respecto de la presentación del abgado de Ponce.

Al respecto el dictamen señaló que “no procede en esta etapa que este Órgano Contralor emita el pronunciamiento solicitado, acorde con la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 68.840, de 2011, y 25.896 y 54.802, ambos de 2013”.

Sin embargo, hizo hincapié en que “sin perjuicio de la revisión de juridicidad que pueda hacerse al mérito de las alegaciones que se formulen en la fase pertinente”.